The Supreme Court of Justice of the Republic of Argentina has issued a decision suspending rate increases on natural gas service throughout Argentina for residential users.
The increases had been approved as a part of substantial energy and financial reforms undertaken by the Macri administration to promote investment in aging infrastructure.
The Court’s ruling delays the contemplated price increases for residential users pending a robust public hearing.
The Court limited its August 18 decision to residential users based on the limited standing of the plaintiffs (consumer associations). Accordingly, a similar decision could eventually extend the same standard to industrial and commercial users.
La Corte Suprema de Justicia de la República Argentina dictó una decisión suspendiendo los aumentos de tarifas para el servicio de gas a usuarios residenciales en toda la Argentina.
Los aumentos habían sido aprobados como parte sustancial de una serie de reformas en materia energética y financiera llevadas a cabo por la Administración Macri para promover inversiones en la deteriorada infraestructura.
El fallo de la Corte retrasa los aumentos de tarifas previstos para los usuarios residenciales hasta que se realice una audiencia pública ampliamente participativa.
La Corte circunscribió los efectos de su decisión del 18 de agosto a los usuarios residenciales con base en la limitada posición de los demandantes (asociaciones de consumidores). Por lo tanto, una decisión similar eventualmente podría abarcar a usuarios industriales y comerciales.
AUTHORS:
Background
At the end of March 2016, Argentina’s Ministry of Energy and Mining (MEM) issued various resolutions that went into effect on April 1, 2016, which would increase the price of natural gas service after prices had been frozen for more than a decade. A nongovernmental organization, which also later joined a consumer association, brought a class action against MEM challenging the rate increases.
In an extraordinary appeal before the Supreme Court, the Argentine government, through MEM, sought reversal of a previous decision of the Second Division of the Federal Court of Appeals of the Province of La Plata, nullifying the rate increases for all types of users.
A unanimous decision
The Supreme Court issued a unanimous decision suspending the rate increases for residential natural gas users. Based on the plaintiffs’ limited standing, the Court’s decision does not extend to industrial and commercial users.
The Court sided with plaintiffs in holding that the natural gas prices cannot be increased until after a public hearing is held, rejecting the government’s argument that natural gas is not a public utility and therefore not subject to the public hearing requirement. The Court insisted that robust public debate is justified to ensure that rates for end users are reasonable and to enhance the legitimacy of the decisions of public authorities.
Need for new investment in the sector
Argentina’s energy policy in recent years has disincentivized investment in the gas transportation and distribution infrastructure. In its arguments before the Court, the Argentine government stated that the new gas prices are necessary to promote investment in exploration and production of natural gas and ensure the supply of gas service to the entire population. The government argued that without an increase in rates, attracting new investment would be virtually impossible.
The Court recognized that rate adjustments were overdue. It noted, however, that the needed adjustments should be gradual and reasonable and pointed out that sudden changes may actually be counterproductive to the government’s goal of increasing investment.
The Argentine government maintains the authority to adjust rates
The Supreme Court confirmed that the power to set rates resides in the Executive Branch, even though the provision of natural gas is in the hands of intermediaries − license brokers and concessionaires. This separation is valid under current regulations to encourage investment in the sector as well as to ensure long-term supply, but to also ensure that supplies are provided at the lowest possible cost to residential consumers, given their vulnerability, since substantial rate increases could deprive them of the utility altogether.
Under the current decision, gas rate increases will proceed for industrial and commercial users. However, the possibility remains that a future decision could eventually extend the same gradual-approach standard applied to residential users to non-residential ones.
This decision has broad implications for all of Argentina, not least for the public interest in maintaining affordable natural gas prices, the government’s need to attract investment into this sector, and the ever-present need to control inflation and government spending. It is safe to say that much remains to be determined with regard to natural gas policy and the rate structure in Argentina.
Public hearings on the rate increases are scheduled for September 12, 2016.
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Antecedentes
A finales del mes de marzo de 2016, el Ministerio de Energía y Minería (MEM) dictó varias Resoluciones que entraron en vigencia el 1º de abril de 2016, por las cuales se aumentaron los precios y tarifas para el servicio de gas después de más de una década sin sufrir cambios. Una ONG, a la cual se sumó posteriormente una asociación de consumidores, inició una acción de amparo colectivo contra el MEM impugnando los aumentos de tarifas.
En una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema, el gobierno argentino a través del MEM, buscó revertir una decisión previa de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de La Plata, que había anulado los aumentos de tarifas para toda clase de usuarios.
Una decisión unánime
La Corte Suprema emitió una decisión unánime suspendiendo los aumentos de tarifas para los usuarios residenciales del servicio de gas. Con base en la limitada posición de los demandantes, los efectos de la decisión de la Corte no alcanzan a los usuarios industriales y comerciales.
La Corte coincidió con el criterio de los demandantes en el sentido de que las tarifas de gas no podían ser aumentadas sino hasta después de realizarse una audiencia pública, rechazando el argumento del gobierno de que el gas no era un servicio público y que por tanto no estaba sujeto al requisito de una audiencia pública previa. La Corte insistió en que una audiencia pública ampliamente participativa se justifica para poder asegurar que las tarifas para los usuarios finales sean razonables y reforzar la legitimidad de las decisiones de las autoridades públicas.
Necesidad de nuevas inversiones en el sector
La política energética argentina de los últimos años había desincentivado las inversiones en la infraestructura de transporte y distribución de gas. Entre los argumentos presentados ante la Corte por el gobierno argentino, éste sostuvo la necesidad de un nuevo esquema de precios del gas para promover inversiones en la exploración y explotación del gas natural, y garantizar el abastecimiento del servicio a toda la población. El gobierno argumentó que sin un incremento de las tarifas, atraer nuevas inversiones sería virtualmente imposible.
La Corte reconoció el retraso existente en los reajustes tarifarios. Sin embargo, observó que los necesarios ajustes deberían ser graduales y razonables, y resaltó que los cambios repentinos en realidad podían resultar contraproducentes para el objetivo del gobierno de incrementar las inversiones.
El gobierno argentino mantiene la potestad de ajustar tarifas
La Corte Suprema confirmó que la potestad tarifaria reside en el Poder Ejecutivo, incluso aunque la prestación del servicio de gas esté en manos de intermediarios —licenciatarios y concesionarios—. Esta distinción es válida bajo la normativa vigente tanto para fomentar las inversiones en el sector y asegurar el suministro a largo plazo, como para asegurar también que ese suministro se proporcione a los consumidores residenciales al mínimo costo posible, habida cuenta de su vulnerabilidad, ya que en caso de aumentos sustanciales en el régimen tarifario podrían verse privados del servicio.
Bajo esta decisión, los incrementos de las tarifas de gas son procedentes para los usuarios industriales y comerciales. Sin embargo, subsiste la posibilidad de que en el futuro alguna decisión con un enfoque similar al de los usuarios residenciales, pudiera abarcar a usuarios no residenciales.
Esta decisión conlleva amplias implicaciones para toda la Argentina, no sólo por el interés público en mantener unos precios del servicio de gas asequibles, sino por la necesidad del gobierno de atraer inversiones en este sector, y la siempre presente necesidad de controlar la inflación y el gasto público. Podría decirse con seguridad que queda mucho por ser decidido respecto a la política de gas y la estructura de tarifas en Argentina.
Las audiencias públicas sobre los aumentos de las tarifas de gas están programadas para el 12 de septiembre de 2016.
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